EL VÓRTICE

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es oficialmente acusado por EUA de asociarse con el narco.

En un drama que ha durado años, el gobierno de Sinaloa se ha visto envuelto en una crisis de seguridad y legitimidad que ahora amenaza con desbordarse en una crisis de soberanía. En 2024, Ismael Zambada, hijo de "el Chapo Guzmán" fue arrestado en 2023, presuntamente en camino a una reunión con el gobernador Rocha Moya. Posteriormente fue extraditado y desde los Estados Unidos, proveyó múltiples declaraciones que inculpan a diversos personajes del gobierno mexicano. En la misma fecha y el mismo lugar, según información de la Fiscalía General de la República, el rector de la Universidad de Sinaloa, Héctor Melesio Cuen, fue asesinado. Desde entonces, Sinaloa se encuentra sumergida en una crisis de violencia causada por las agresiones entre las facciones de los chapitos y otras bandas criminales que buscan apoderarse de ese territorio. El 29 de abril, Estados Unidos acusó formalmente a Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y ex funcionarios de colusión con el crimen organizado. La acusación viene acompañada de un límite de tiempo de sesenta días para que el Gobierno de México resuelva cómo se gestionará la extradición. El primero de mayo, el gobernador solicitó licencia a la cámara de diputados de Sinaloa para dejar su puesto, a fin de que la Fiscalía General de la República lo pueda investigar sin la protección del fuero, es decir, sin la inmunidad propia de las figuras públicas. La solicitud fue aprobada. Por su parte, la Fiscalía de Asuntos Exteriores manifiesta que estas acusaciones no están respaldadas por evidencia. La presidencia de la república está de acuerdo, y sugiere que, sin pruebas, la acusación debe ser más de corte político. Entre los otros acusados se encuentran senadores, secretarios, un alcalde de Sinaloa y directores de la policía. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, capital de Sinaloa, pidió licencia también. Si la acusación fuera cierta, probaría la existencia de una red de corrupción y alianzas entre el Gobierno de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa lo bastante amplia como para dejar constancia de que se trata de un narco estado. Entre las acusaciones, se sugiere que la campaña por la gubernatura de Rubén Rocha en 2021 fue financiada por la organización criminal. Esa acusación en particular podría machar, también, el legado del expresidente López Obrador. Las acusaciones, tanto internas como externas, en contra del Gobierno de Sinaloa, recibieron una respuesta de defensa unánime por el partido MORENA, al cual pertenece esta entidad federativa. En este momento, parece que el costo de recular en su defensa podría ser muy alto, y la maniobra política requerida para cambiar de postura podría no ser convincente en la mayoría de los casos. Es decir, la reputación entera del partido podría sufrir un golpe fuerte. No está claro si MORENA decidirá seguir defendiendo a Rocha Moya hasta las últimas consecuencias, o si cederá. Una administración previa, la de Felipe Calderón, ya experimentó el costo extremo de respaldar figuras acusadas de crímenes de narcotráfico, con el arresto del general Cien Fuegos y el secretario García Luna. Es cierto que la mayoría de la evidencia disponible es circunstancial o testimonial. Y es cierto también, como algunos han señalado, que lo Estados Unidos han realizado acusaciones sin pruebas en el pasado. Por ejemplo, a Nicolás Maduro se lo acusó de dirigir el Cártel de los Soles, pero una vez arrestado, esta acusación fue retirada porque ni siquiera se podía probar la existencia de dicho Cártel. Existen una serie de motivos para pensar que el interés de los Estados Unidos con estas acusaciones es obtener capacidad de maniobra al interior de México, cosa que está haciendo con y sin permiso del gobierno. Por ejemplo, recientemente falló un operativo de la CIA en Chihuahua, del que supuestamente no se tenía conocimiento en el gobierno federal. Pero todo esto no prueba que las acusaciones son falsas, sólo que son insuficientes momentáneamente. Tampoco es del todo sorprendente que no se haga pública la evidencia de un caso de este calibre, y en todo caso, la postura del Gobierno de México hace pensar que, si existe evidencia, EUA no la está compartiendo. En este momento, el público no puede saber si las acusaciones son reales, pero es completamente posible que lo sean. No sabemos si el gobierno sabe si son reales o no, pero podría saberlo. Sabemos, sin embargo, que las herramientas a disposición de los Estados Unidos para anular la soberanía del territorio son cada vez mayores, y que la nueva guerra contra el narco heredó las herramientas de la guerra contra el terror, lo que significa que el potencial para una acción unilateral, militar o legal, dentro del territorio mexicano es real y está creciendo.